Que el canon digital es un engorro y que la SGAE nos acusa de ladrones por supuestos delitos que nadie sabe si cometeremos o no es algo que ya conocemos todos.

En los vídeos que colgué hace unos días en Youtube sobre el programa Repor y el reportaje titulado El peaje de la SGAE, el abogado Joaquín Moekel nos invitaba a colapsar los juzgados reclamando el canon digital que nos han cobrado por grabar supuesto contenido protegido por derechos de autor, ya sea un euro con doce por un DVD o la cantidad equivalente según el soporte comprado.

Ahora, el Ayuntamiento de Pollença, en Mallorca, va más lejos y se convierte en el primer ayuntamiento en España en hacer algo semejante: reclamar a la SGAE la devolución del canon que le han cobrado por la compra de material informático, con un valor total de algo más de 65.000 euros, argumentando, pues, que esos soportes informáticos serán usados para guardar documentos y datos públicos. Además, el Ayuntamiento solicitará tambiéb al Gobierno la exención del pago del canon y la modificación de la ley para que las administraciones queden excluidas de pagar el canon.

Argumentación

El conocido como “canon digital” supone una carga adicional sobre el precio de todos los aparatos que puedan ser destinados a la reproducción y almacenamientode documentos (fotocopiadoras, impresoras, equipos de reproducción y de grabación de documentos audiovisuales, CDs, DVDs, etc…). El cobro del canon evidentemente es sencillo pero arbitrario puesto que se castiga a todo el mundo a pagar utilice o no el material comprado para copiar documentos con derechos de propiedad intelectual (finalidad original del canon).

Hay particulares que ya han conseguido sentencias que han ordenado la devolución del importe del canon tras acreditar que lo comprado no se ha empleado para la reproducción de obras de autores.

Por ejemplo, en el mes de septiembre un juzgado de Sevilla ordenó devolver el canon digital a un abogado [Joaquín Moekel] que demostró que usó los cuatro CDs que había comprado para copiar documentación de juicios. El juzgado obligó a la tienda a devolver al abogado 1,12 euros. Cada uno de los CD le había costado 0,45 euros y el canon digital fue de 0,28 euros por cada uno, la mitad del precio. En este momento la tienda está en su derecho de reclamar el importe del canon al mayorista que le suministra el material, amparándose en la resolución judicial. Y el mayorista, a su vez, también podría reclamarlo a las gestoras de los derechos de autor, la principal sería l’SGAE, que son los destinatarios finales.

Al caso de la administración y de nuestro Ayuntamiento podemos demostrar que no utilizamos CDs, DVDs, ordenadores … para copiar obras con derechos de propiedad intelectual y pedimos que se aplique de oficio el artículo 25.7 d. de la ley que ya establece que el gobierno español puede, mediante real decreto, establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única (el canon) cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea hacer copias privadas de obras con derechos de autor.

Hemos de añadir que la exención del pago del “canon digital” resultaría, además de ser de justicia por los argumentos expuestos, un ahorro importante en tiempo de crisis. Al 2009 este Ayuntamiento tuvo un gasto de 65.246 euros en material informático, una parte de la cual está grabada con el citado canon digital. Por desgracia no hemos podido concretar que podía ser el ahorro concreto del Ayuntamiento puesto que las facturas no especifican qué cantidad pagamos de canon.

Esto supone que se están haciendo los pagos de manera irregular puesto que la ley (arte 25) especifica como obligatorio que en las facturas debe constar claramente el concepto que se paga en forma de canon. Por lo que sabemos esta facturación irregular es la normal en la mayoría de Ayuntamientos.

Si unos particulares han sido capaces de ir a la justicia y ganar, más razón la administración tenemos la obligación de luchar por no pagar el canon por justicia y ahorro en tiempos de crisis.

Esperamos que otros Ayuntamientos nos imiten y que el gobierno exima a la administración del pago del mismo y cambie una ley profundamente injusta.