Captura de pantalla de eMule en mi ordenador personal.

Hasta el momento, he evitado pronunciarme sobre las novedades de la Ley Sinde, sobre el pacto alcanzado por el PSOE y PP, al que posteriormente se ha unido Ciu, para sacar adelante la ley con, aseguran desde el Partido Popular, cambios.

Cambios que en realidad no lo son, puesto que los puntos más polémicos de la ley, como la nula intervención de un juez que ratifique el cierre de un sitio web, sigue ahí, en el mismo lugar donde se encontraba. ¿Qué cambios ha habido, pues? Prácticamente ninguno, pero al PP le venía muy bien decirlo para no quedar tan mal ante la ciudadanía… Quiero decir, peor de lo que en sí está.

La realidad es que la Ley Sinde está redactada exactamente igual que cuando la tumbaron el pasado 21 de diciembre: la figura de un juez que autorice todo el proceso queda relegada a un segundo plano, por mucho que desde las asociaciones de derechos de autor – EGEDA o SGAE – se empeñen en negarlo. La realidad, insisto, es otra muy diferente: si la mayoría de los jueces me dicen que compartir contenidos en la red sin ánimo de lucro no es un delito, ¿qué puedo hacer?, ¿qué es lo que me estorba ahí? Evidentemente, el juez. Los jueces. ¿Qué puedo hacer? Introducir en esta ley que la decisión de cerrar una página web no sea tomada por un juez, sino por una comisión designada directamente por el Ministerio de Cultura.

Y es que conviene recordar que una vez sea aprobada esta ley, cualquier página web es susceptible de ser cerrada por orden de esa comisión dependiente del Ministerio de Cultura. Imagina por ejemplo que yo albergo en mi servidor una imagen protegida sin conocimiento de ello; ahora pueden denunciarme y en un par de días cerrarme la página web sin darme si quiera tiempo a preparar una defensa. Esta es la realidad.

Realmente, algo funciona mal cuando ni, en teoría, los propios interesados en que esta ley saliera adelante la quieren. Recordar que Alex de la Iglesia a dimitido de su cargo en la Academia de Cine por estar en contra de la ley. Sin ir más lejos, él la defendía, pero en un interés total por su parte por conocer todas las caras del asunto, se ha dado cuenta que esta ley “no es la solución para nadie“. Bueno, sí: para los mismos de siempre. Una reacción en cadena sin precedentes ha hecho que otros grandes del cine español como Santiago Segura quieran dimitir también.

Aunque sin duda, hay una panda de “jetas” (no se me ha ocurrido otro calificativo a estas horas de la madrugada) que se han alegrado porque, ahora sí, ven que su modelo de negocio obsoleto podrá pervivir unos cuantos años más, en lo que ellos se montan alguna nueva casa en ese lugar donde han puesto su residencia fiscal, como Alejandro Sanz (por favor, si se diese el error de que estuvieses en estos momentos compartiendo por P2P una sola canción suya, bórrala inmediatamente; todos ganaremos: él habrá conseguido que su, ejem, “música”, no sea escuchada sin autorización y tú habrás conseguido que alguien no se la baje por error y escuche sus berridos cuando en realidad lo que quería era simplemente una película porno).

Otro de los hipócritas que hemos conocidos en las últimas horas es Joan Manuel Serrat, que ha dicho en Público que “él tiene que pagar” por todo lo que consume. Lo más gracioso de todo es que esto lo dice un tío que se ha forrado vendiendo discos con las letras de Antonio Machado, Miguel Hernández o Rafael Alberti. ¿Ahora qué, Serrat?, ¿pagaste algo por utilizarlas?.